El gobierno de Misiones presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) un recurso de amparo contra el Estado nacional solicitando la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la anulación de las auditorías que dicho organismo lleva adelante en la provincia.
La acción judicial fue formalmente presentada por el fiscal de Estado Fidel Eduardo Duarte, a través de los procuradores fiscales José Sebastián Santiago Delgado y Christian Horacio Lampugnani, por expresa instrucción del gobernador Hugo Passalacqua.
Justamente, el mandatario misionero fue el encargado de comunicar la demanda presentaba contra el gobierno que lidera el presidente Javier Milei y contra la Andis, organismo que actualmente se encuentra intervenido tras el despido director Diego Spagnuolo, investigado por una serie de audios filtrados que revelarían un esquema de corrupción y cobro de coimas que también involucra a Karina Milei.
En el amparo presentado el gobierno de la provincia de Misiones solicita como medidas cautelares “el inmediato restablecimiento del pago de las pensiones no contributivas por invalidez y demás beneficios que han sido ilegítimamente suspendidos”, como así también “el pago de los retroactivos adeudados a los beneficiarios”.
También pide “la nulidad de las auditorías irregulares realizadas en la provincia” y “la adopción de medidas urgentes que garanticen la continuidad de las prestaciones, la transparencia de los procesos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”.
El planteo ahora debe ser tratado por la fiscal Laura Mercedes Monti y por los magistrados que componen el máximo órgano judicial del país.
He instruido al fiscal de Estado a promover una acción de amparo en el marco del expediente Nº 2128/2025, “MISIONES PROVINCIA DE C/ESTADO NACIONAL Y OTRO S/AMPARO”, solicitando al Poder Judicial el inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por… pic.twitter.com/e5tTLKWoWY
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) September 3, 2025
Contexto
La demanda del Estado misionero contra el gobierno nacional se da en medio de un inicio de auditorías marcado por denuncias de irregularidades, desde notificaciones mal efectuadas, ausencia de personal calificado y hasta utilización de sellos médicos apócrifos.
La situación fue expuesta por Tatiana Antúnez, titular del Consejo Provincial de Discapacidad, quien además se encargó de recolectar pruebas para fundamentar la demanda recientemente presentada por el fiscal de Estado.
Todo comenzó a estallar el viernes, durante una convocatoria de la Andis para que los pensionados acudan a cumplir el trámite correspondiente para renovar los beneficios.
Las falencias señaladas en el procedimiento no fueron pocas. En primer lugar, la sede elegida fue un viejo restaurante abandonado, donde los beneficiarios debieron realizar largas filas en la vía pública, padeciendo el calor de toda la jornada y sin contar con las comodidades propia para sus diferentes condiciones.
Después, se conoció que un médico de Pergamino, Buenos Aires, advirtió que en dichos trámites los encargados de la auditoría estaban utilizando un sello falsificado y firmando en su nombre de manera ilegal.
Días después, una situación similar se dio en 25 de Mayo, donde incluso hubo pensionados desvanecidos, insultos y agresiones de parte de los auditores a periodistas que cubrían el evento.
Según precisó Antúnez, en la tierra colorada hay cerca de 75.000 personas incluidas en el registro de discapacidad, de los cuales al menos 5.000 perdieron sus beneficios en marzo.