El 16 de marzo de 2026 es el día estipulado por el gobierno nacional para la implementación en Misiones del Código Procesal Penal Federal (CPPF), el cual introduce el sistema acusatorio como una de sus mayores novedades y marcará un hito en el ámbito de la Justicia Federal en la tierra colorada.
La fecha fue establecida por el ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, a través de la resolución 530/2025 publicada el 8 de agosto pasado en el Boletín Oficial de la Nación.
La medida se da en el marco del plan progresivo y gradual que trazó el Ejecutivo nacional para reactivar la implementación del Código Procesal Penal Federal en todo el país. Hasta el momento son siete las jurisdicciones federales que ya aplican el nuevo sistema, mientras que otras tres se sumarían a partir de diciembre y Misiones haría lo propio el 16 de marzo del año que viene.
Ese día, a partir de las 00, el sistema acusatorio será una realidad en la jurisdicción correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, por lo que regirá para toda la provincia, incluidos los Juzgados Federales en material penal de Posadas, Oberá, Eldorado y el recientemente habilitado en Puerto Iguazú.

Reformas
A partir de su implementación, el proceso penal federal se regirá por un sistema acusatorio, donde el Ministerio Público Fiscal será el principal conductor de la investigación, en contraposición con el sistema inquisitivo anterior.
En esta restructuración, los fiscales tendrán la responsabilidad de dirigir la investigación y formular la acusación, en tanto que los jueces actuarán como árbitros imparciales, garantizando el debido proceso y resolviendo conflictos. La defensa, en tanto, también pasará a tener un rol activo, con igualdad de oportunidades frente a la fiscalía.
Entre sus principales reformas se destaca la incorporación de los principios de celeridad, oralidad, publicidad y desformalización de las decisiones.
Con ello se busca, entre otras cuestiones, reducir los tiempos en los procesos penales y garantizar su transparencia, con audiencias orales y públicas en todas las etapas, salvo excepciones.
El modelo también fortalece el rol de las víctimas, permitiéndoles participar activamente en el proceso a través de la figura de querellantes, pero también crea áreas específicas como Oficinas de Atención a la Víctima, para garantizar su protección y acompañamiento.
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