En un acto realizado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, el presidente Javier Milei presentó este jueves un proyecto de reforma del Código Penal, una iniciativa que propone una actualización del régimen punitivo y postula, entre otras modificaciones, un agravamiento de penas, una baja en la edad de imputabilidad y la incorporación nuevas figuras delictivas.
De la presentación también fueron parte la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y el titular de la cartera de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quienes señalaron que el proyecto fue elaborado por una comisión de expertos encabezada por el penalista Jorge Boumpadre y el juez Mariano Borinsky.
La iniciativa busca actualizar un Código de 1921, adaptándolo a los desafíos del siglo XXI con un enfoque en la protección de víctimas, la agilización de procesos judiciales y el endurecimiento de sanciones.
El proyecto, que será enviado al Congreso en las próximas semanas, propone una reestructuración profunda del sistema penal, incorporando nuevas figuras delictivas, eliminando “beneficios” para condenados por delitos graves y adoptando el sistema acusatorio para acelerar los procesos.
Según Cúneo Libarona, el objetivo es “un Código claro, moderno y eficiente, que responda a las necesidades de una sociedad que reclama justicia rápida y efectiva”.
La reforma apunta a combatir tanto la delincuencia cotidiana –como robos y hurtos– como el crimen organizado, incluyendo narcotráfico y trata de personas.
El texto introduce cambios significativos, como la baja de la edad de imputabilidad a 13 años para delitos graves, la eliminación de la prescripción en casos de homicidios o delitos sexuales, y la creación de tipos penales para abordar fenómenos contemporáneos, como la violencia digital o los secuestros virtuales.
Además, se prioriza el resarcimiento a las víctimas y se refuerzan medidas cautelares para prevenir la reincidencia.
La reforma enfrenta un camino complejo en el Congreso, donde se anticipa un intenso debate técnico y jurídico sobre sus implicaciones, especialmente en temas sensibles como la imputabilidad de menores y el endurecimiento general de penas.
Puntos clave
Endurecimiento general de penas: se elevan las sanciones en prácticamente todos los delitos. Por ejemplo, el homicidio simple pasa de hasta 25 años a 30 años de prisión; se agravan penas para robos, hurtos, estafas, amenazas y delitos viales, con énfasis en hechos cotidianos como el robo de celulares o “motochorros”.
Baja en la edad de imputabilidad: Se reduce de 16 a 13 años para delitos graves (homicidio, violación, robo agravado, narcotráfico). Adolescentes de 13 a 15 años enfrentarían procesos equivalentes a adultos, argumentando que el actual límite incentiva el uso de menores por bandas criminales.
Eliminación de prescripciones para delitos graves: se suprime la prescripción para homicidios, delitos sexuales, trata de personas, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad, permitiendo juicios indefinidos. Para casos no complejos, se introduce la extinción de la acción penal si superan plazos razonables, para acelerar la Justicia.
Nuevas figuras delictivas: se incorporan tipos penales modernos, como robos masivos, secuestros virtuales (extorsiones digitales), violencia de género agravada, corrupción en la administración pública (con penas extras para presidentes, ministros, gobernadores, jueces y legisladores) y el dictado de normas que alteren el equilibrio fiscal del Estado.
Supresión de beneficios y excarcelaciones: se eliminan salidas transitorias, libertades condicionales y otros incentivos para condenados por delitos graves, promoviendo el “cumplimiento efectivo” de penas en prisión.
Reforma a delitos contra la administración pública: se rediseña el enriquecimiento ilícito con penas más altas y se tipifica como delito la aprobación de leyes que desequilibren las finanzas estatales.
Agilización de procesos judiciales: adopción plena del sistema acusatorio para reducir demoras, con énfasis en investigaciones rápidas y juicios orales eficientes.
Enfoque en crimen organizado y transnacional: nuevas disposiciones contra el narcotráfico, lavado de activos y trata, con penas agravadas para líderes de bandas y cooperación internacional reforzada.
Protección a víctimas: se prioriza el resarcimiento a damnificados y se crea un régimen de medidas cautelares más estrictas para prevenir reincidencias.
Actualización integral: el Código se unifica en un solo cuerpo normativo, eliminando las más de mil leyes especiales fragmentarias, para una aplicación más coherente y moderna.