En una sesión maratónica que se extendió por más de diez horas, el Senado uruguayo aprobó este miércoles la Ley de Muerte Digna, convirtiendo a Uruguay en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante un trámite parlamentario completo.
Con 20 votos a favor y 11 en contra, la norma despenaliza esta práctica para mayores de edad en condiciones terminales, marcando un avance histórico en la agenda de derechos humanos en la región.
El proyecto, impulsado por el oficialista Frente Amplio, había recibido media sanción en la Cámara de Representantes el pasado 13 de agosto. Legisladores de la oposición, como los colorados Ope Pasquet y Heber Duque, y la nacionalista Graciela Bianchi, sumaron sus apoyos clave al oficialismo, superando resistencias conservadoras.
“Hoy Uruguay vuelve a estar a la vanguardia en la agenda de derechos. Aprobamos la ley de eutanasia: una norma que reconoce la libertad de decidir hasta el final, con dignidad y libertad“, celebró en X la senadora Constanza Moreira tras la votación.
La ley garantiza el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” a personas mayores de 18 años, psíquicamente aptas, que sufran la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o padecimientos insoportables que deterioren gravemente su calidad de vida.
Podrán acceder tanto ciudadanos uruguayos como extranjeros residentes, mediante una solicitud escrita personal avalada por al menos dos profesionales de la salud. La eutanasia será practicada exclusivamente por médicos, prohibiendo el suicidio asistido como alternativa.
Una vez promulgada, el Poder Ejecutivo tiene 180 días para reglamentarla, y en 90 días más se conformará una Comisión Honoraria de Revisión, integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos, que emitirá informes anuales sobre los procedimientos.
El debate legislativo incluyó audiencias con más de 60 organizaciones, reflejando tensiones entre defensores de la autonomía personal y opositores que invocaron la defensa de la vida.
Aunque Uruguay ya permitía desde 2013 rechazar tratamientos que prolonguen la vida (eutanasia pasiva), esta norma eleva el país al tercer lugar en América Latina con eutanasia activa legal, tras Colombia y Ecuador.