En su visita a Posadas, y previo a otra disertación en el Colegio de Abogados, el juez Mariano Hernán Borinsky presentó esta mañana en la Legislatura provincial el proyecto del nuevo Código Penal, el cual prevé un aggiornamento del texto a las demandas actuales de la sociedad argentina, con la incorporación de títulos especiales sobre delitos ambientales, informáticos, económicos, crimen organizado y terrorismo, como así también la adecuación de antiguas normativas y el agravamiento de penas para figuras ya instauradas, entre otras reformas.
“El objetivo es tener un código que nos inserte en el mundo, que genere previsibilidad y seguridad jurídica. Hemos trabajado con una comisión que ha sistematizado casi 1.000 leyes especiales y el objetivo es que los intereses fundamentales de la sociedad argentina se vean plasmados en este nuevo código”, adelantó a la prensa Borinsky, antes de pasar al Salón de las Dos Constituciones, donde presentó el proyecto ante magistrados, funcionarios judiciales y legisladores provinciales.
Borinsky es, además de juez de la Cámara Federal de Casación Penal, presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, y en su exposición de hoy adelantó que el nuevo ministro del Interior Diego Santilli le confirmó que el proyecto comenzará a tratarse en comisiones del Congreso en enero de 2026.
El nuevo escrito es presentado como “un cambio sideral” para el país, con una actualización que sistematiza y unifica más de 1000 leyes especiales, elevando de 320 a 912 el número de artículos previstos.
A modo de ejemplo, el magistrado porteño explicó que el código aduanero no será derogado, pero el apartado de artículos con penalidades será incorporado al nuevo código penal, con las reformas y cambios acordes a la coyuntura. Sucederá lo mismo con las demás normativas vigentes.
Según explicó, entre sus tantas reformas, el proyecto incorpora nuevos tipos penales vinculados a la ciberdelincuencia (pornovenganza, secuestros virtuales, maniobras con IA y más) y a la violencia urbana (motochorros, viudas negras, etc), en tanto que destina títulos especiales sobre crimen organizado, terrorismo, como así también delitos relacionados al deporte (violencia en las canchas, fraudes) y delitos electorales.
Sostuvo que este texto aporta mayor protagonismo a la víctima el proceso y como “bienes jurídicos” no solo considera a la vida, a la libertad y a la propiedad, sino también al honor, a la familia, al equilibro fiscal y al medioambiente.
Delitos ambientales
También prevé una mayor atención en cuanto a los delitos ambientales, punto con especial trascendencia en Misiones, que alberga el 52% de la biodiversidad del país y donde se sancionó una ley para la creación de un juzgado especializado en la materia.
En ese apartado específico, la reforma incluye la tipificación de nuevas figuras como el “incendio de naturaleza”, al tiempo agrava penas ya estipuladas, principalmente en cuestiones de pesca y caza de fauna autóctona y en peligro de extinción, como ser en la tierra colorada, el yaguareté.
“No puede ser que cazar un yaguareté tenga la misma pena que hurtar una billetera”, planteó en ese ítem Juan Manuel Díaz, ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que también expuso sobre el apartado que aborda sanciones contra aquellas acciones que perjudiquen el medioambiente.
Crimen organizado y terrorismo
El crimen organizado es otro ítem de interés para Misiones, provincia que tiene el 90% de su territorio en frontera internacional, lindante a países como Paraguay y Brasil donde estructuras criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) ganan cada vez más lugar.
Entre los puntos claves de ese título Borinsky resaltó la creación del instrumento denominado “decomiso anticipado”, que permitirá atacar el poderío económico y las ganancias ilícitas de las organizaciones perseguidas antes de la condena, a fin de garantizar un recupero o un resarcimiento por las pérdidas o daños ocasionados.
En misma línea se incorpora un título especial sobre terrorismo, lo que, para Borinsky, introduce a la Argentina en la “modernidad global”. “Se incorpora la figura de creación de armas masivas, de financiamiento del terrorismo, de reclutamiento. Parece mucho, pero debemos estar preparados para todo. Son delitos que atentan contra la humanidad, son ataques generalizados contra la sociedad. Acá tuvimos dos atentados y hasta ahora no hubo ningún cambio, no se avanzó en ese sentido”, resumió.
Corrupción, penas y casos sexuales
En materia de corrupción, el nuevo código añade agravantes para funcionarios altos (presidentes, ministros, jueces) y contempla como delito aquellas normas “que alteren el equilibrio fiscal”.
Borinsky también dedicó una serie de filminas sobre el agravamiento de penas y la incorporación de otros dispositivos para preservar el bienestar de la sociedad en casos sexuales.
Mencionó, por ejemplo, que en los homicidios simples la pena máxima se eleva de 25 a 30 de prisión, en tanto que respecto a delitos sexuales se prevé incorporar la herramienta de “seguimiento sociojudicial”, que establece una vigilancia de hasta 10 años sobre una persona que recupera la libertad luego de cumplir la totalidad de su condena por un hecho contra la integridad sexual.
“Hace un tiempo el objetivo de todo proceso era buscar la verdad y condenar. Hoy con eso solo no alcanza, el objetivo ahora implica buscar la paz social”, precisó.
