En los fundamentos de la sentencia dictada contra los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez, la magistrada Marcela Alejandra Leiva, citó como antecedente el caso de una trabajadora de la educación condenada por el mismo delito en Chubut y cuyo fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
En su reciente resolución, el máximo órgano judicial de la Nación desestimó un último recurso presentado por la docente Estela del Valle Juárez y dejó firme la condena a tres meses de prisión en suspenso por haber encabezado, el 24 de septiembre de 2019, un corte total de la ruta nacional 26, a la altura del kilómetro 133, en las inmediaciones de Sarmiento.
Juárez, de 49 años, maestra de grado y lengua, y por entonces secretaria general de la Regional Suroeste de la Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), había sido encontrada culpable del delito de entorpecimiento de los medios de transporte (art. 194 del Código Penal) por bloquear durante varias horas el acceso a los yacimientos petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge.
El corte, realizado junto a una veintena de docentes y vecinos, se enmarcó en la crisis salarial que atravesaba la provincia durante el gobierno de Mariano Arcioni: sueldos pagados en cuotas, atrasos de hasta tres meses y descuentos masivos.
La sentencia original fue dictada en abril de 2023 por la jueza federal de Caleta Olivia, Mariel Borruto, y ratificada en diciembre de 2024 por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrado por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Carlos Alberto Mahiques.
La defensa había denunciado irregularidades policiales y pedido que se considerara el contexto de “protesta social legítima”, pero todos los planteos fueron rechazados.
Al declarar inadmisible el recurso de queja por cuestiones formales, la Corte Suprema cerró definitivamente el expediente sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Como la pena es de ejecución condicional y Juárez no tiene antecedentes, no irá presa, pero la condena quedará registrada en sus antecedentes penales.
Desde Atech la calificaron la medida como “una sentencia que criminaliza la protesta” y anunciaron que llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En tanto, sectores empresariales y parte del oficialismo provincial celebraron el fallo como “un límite claro a los cortes de ruta”. Con esta decisión, Estela del Valle Juárez se convirtió en la primera docente chubutense con condena penal firme por encabezar un piquete en el marco de un conflicto salarial.
“Los derechos no son absolutos”, la base de los fundamentos de la condena a dos docentes
