El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques, denunció una “persecución mediática” y planteó la aplicación de sanciones a funcionarios o empleados judiciales que suministren información de expedientes a periodistas, en el marco de una discusión sobre las filtraciones de causas judiciales y la difusión de actuaciones que se encuentran bajo investigación.
La postura del magistrado fue expuesta en una nota que fue girada a toda la Cámara de Casación, donde sostuvo que las filtraciones constituyen una práctica irregular que afecta el desarrollo de los procesos y vulnera las obligaciones de reserva que tienen quienes intervienen en ellos.
Según señaló, la difusión anticipada de documentos, declaraciones o medidas procesales puede generar consecuencias sobre las investigaciones y sobre los derechos de las personas involucradas. En ese contexto, consideró que deberían impulsarse mecanismos para identificar a los responsables de las filtraciones y aplicar las sanciones correspondientes.
Las declaraciones de Mahiques reabrieron un debate recurrente dentro del ámbito judicial respecto de los límites entre el deber de confidencialidad de los funcionarios públicos y el derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público a través de los medios de comunicación.
La cuestión adquiere especial relevancia en causas de alto impacto institucional, donde frecuentemente se conocen detalles de expedientes, resoluciones o medidas judiciales antes de que sean comunicadas oficialmente por los tribunales.
Diversas organizaciones vinculadas al periodismo y a la defensa de la libertad de expresión han sostenido históricamente que la protección de las fuentes constituye una garantía fundamental para el ejercicio de la actividad periodística. La Constitución Nacional, a través del artículo 43, reconoce expresamente el secreto de las fuentes de información periodística.
En ese marco, especialistas suelen distinguir entre la eventual responsabilidad administrativa o disciplinaria de un funcionario que incumple deberes de confidencialidad y la protección que ampara a los periodistas respecto de la identidad de sus fuentes.
