En un mes atravesado por la masiva marcha del Ni Una Menos en Posadas y por dos nuevos femicidios que sacudieron a la provincia, el magistrado Alfredo Olmo Herrera, titular del Juzgado de Violencia Familiar Uno de la capital misionera, brindó una entrevista en la que analizó el funcionamiento de las medidas de protección, la complejidad de los casos de violencia de género, los desafíos pendientes para prevenir desenlaces fatales y propuso trabajar en dispositivos públicos para abordar la reeducación de varones agresores.
En diálogo con radio República 99.9, el magistrado fue consultado por la efectividad de las restricciones de acercamiento y otras medidas cautelares que suelen ser cuestionadas cada vez que ocurre un nuevo femicidio y fue conciso: “Sirven las perimetrales. Sirven porque tienen un efecto jurídico, porque una vez que la medida es dictada y notificada va a generar en las partes una carga que implica que ante la desobediencia tendrá consecuencias penales”.
Según explicó, además de las consecuencias legales, estas medidas poseen un importante efecto disuasivo. “El ciudadano común tiene una tendencia a respetar la ley, a los mandatos y a las autoridades. Obviamente esto no quita la enorme cantidad de desobediencias que hay, pero ahí se activan otros mecanismos de control que terminan con responsabilidad penal”, agregó.
En ese sentido, precisó que el incumplimiento de las medidas existe, aunque representa una porción menor del universo de casos que tramitan en el fuero. “Estamos disponiendo aproximadamente de entre cuatro y cinco arrestos por semana. Parece mucho y es un número preocupante, pero si tomamos en cuenta que el juzgado tiene entre 4.500 y 4.700 causas al año, el porcentaje sigue siendo favorable al cumplimiento de las medidas”, explicó.
Olmo Herrera remarcó además que no todas las desobediencias derivan automáticamente en una detención. “Hacemos una evaluación del riesgo porque hay casos en que la desobediencia se da de forma accidental o no tan grave como en otros donde lo que se produce es un nuevo ataque o una nueva agresión. En esas circunstancias sí se ordena el arresto”, señaló.
Femicidios
Consultado sobre la relación entre las denuncias previas y los femicidios, el juez advirtió que la realidad suele ser más compleja de lo que se percibe socialmente.
“Es muy difícil pensar cuántas perimetrales terminan en femicidio. En Argentina, de cada diez femicidios, menos del 20% tenían denuncias previas. En Misiones, tomando los casos del año pasado, solamente dos estaban judicializados. Los demás no habían pasado por un juzgado ni por una comisaría”, indicó.
Para el magistrado, estos datos muestran que no siempre existen antecedentes que permitan activar mecanismos de protección antes de que ocurra el hecho más grave.
Respecto del último femicidio registrado en Posadas, cuya víctima fue la empleada municipal Patricia Raquel González (54), recordó que existió una medida de restricción durante el año anterior, originada en una exclusión del hogar que fue cumplida por el agresor Luis Roberto Zampedri (54), que después del crimen se suicidó. Sin embargo, posteriormente la pareja retomó la convivencia.
“La familia, conforme a los testimonios, había entrado en un proceso de reconstrucción de vínculos. El hombre vuelve a la casa y ahora tenemos este final. Esta materia es muy compleja y es muy difícil predecir lo que puede ocurrir en el tiempo”, reflexionó.
Por ello, insistió en que las intervenciones deben ser interdisciplinarias y no limitarse únicamente al abordaje judicial.
Trabajar con los agresores
Uno de los puntos centrales de la reflexión del juez estuvo vinculado a la necesidad de generar políticas públicas específicas para los varones que ejercen violencia.
“Tenemos una política de Estado que se ha destacado a lo largo de los años en la protección de las víctimas, pero una medida pendiente es qué hacemos con los agresores”, planteó.
A su criterio, las herramientas cautelares resultan indispensables, pero no suficientes para modificar conductas violentas arraigadas. “¿Alcanza con alejarlo, con un botón de pánico o con una restricción? Ahí viene la segunda parte, que es una preocupación personal mía: la reeducación del varón agresor. Hay que trabajar en eso”, afirmó.
En esa línea, propuso la creación de dispositivos públicos e interdisciplinarios destinados específicamente al tratamiento de hombres denunciados por violencia. “El hombre violento cambia, estoy seguro y convencido, porque la violencia se aprende y todo lo que se aprende se puede desaprender”, sostuvo.
No obstante, aclaró que se trata de procesos largos y complejos. “No vamos a lograr que un agresor modifique sus patrones de conducta de un día para el otro, pero sí lo podemos trabajar. Tenemos que crear las bases para que ese trabajo sea posible”, remarcó.
Para Olmo Herrera, la sociedad necesita contar con espacios adecuados donde los agresores puedan trabajar sus emociones y revisar las formas en que construyen sus relaciones, ya sea por derivación judicial o de manera voluntaria.
“Yo tengo esperanza de que eso es factible. No puedo abandonarme a la idea de que el ser humano no cambia”, concluyó.
