El Tribunal Penal Dos de Posadas fijó para el próximo 16 de septiembre el inicio del juicio oral y público contra el ex gendarme Carlos Ramón Gómez, acusado por el asesinato de su esposa, María Esther Barreda, ocurrido el 9 de diciembre de 2001 en esta ciudad.
Gómez será el único imputado en el debate, que estará a cargo del Tribunal Penal Dos, presidido por el juez César Antonio Yaya e integrado además por dos vocales subrogantes. La acusación estará a cargo del fiscal Vladimir Glinka y la defensa será ejercida por la abogada particular María Laura Alvarenga.
Las audiencias comenzarán el 16 de septiembre y continuarán durante otras dos jornadas consecutivas. Está prevista la declaración de al menos diez testigos.
El acusado llegará al debate en libertad y deberá responder por el delito de homicidio calificado, figura que contempla la pena de prisión perpetua, aunque al momento del hecho equivalía a 25 años de encierro.
En diálogo con La Voz de Misiones, la letrada Alvarenga expresó que “se intenta llevar a juicio pese a la existencia de una resolución del 19 de noviembre de 2003 que ordenó aplicar las normas relativas a la inimputabilidad y al sobreseimiento, decisión que quedó firme al no haber sido recurrida mediante el recurso de casación que correspondía”.
“A más de 24 años del inicio de la causa, se reclama que los tribunales resuelvan de manera efectiva tanto el planteo de cosa juzgada como la eventual vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, antes de avanzar con un nuevo debate oral, ya que tanto, peritos como testigos fundamentales de la causa ya no se encuentran por diversos motivos, entre ellos por fallecimiento”, planteó.
Dos décadas de trámite
El hecho investigado ocurrió el 9 de diciembre de 2001, cuando Barreda, de 36 años, fue asesinada en una vivienda del barrio San Lucas de Posadas.
De acuerdo con la hipótesis sostenida durante la investigación, Gómez habría encontrado a su pareja junto a otro hombre y posteriormente la habría atacado con su arma reglamentaria.
La investigación comenzó ante el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas. En esa primera etapa, Gómez fue detenido y se dictó su prisión preventiva.
Posteriormente, la fiscal Margarita Wenner requirió la elevación de la causa a juicio. La defensa se opuso y planteó el sobreseimiento del imputado, argumentando que al momento del hecho había actuado en un estado de inimputabilidad vinculado con una situación de presunto “enceguecimiento”.
Para 2003, en el expediente intervino el Tribunal Penal Uno de Posadas, que resolvió revocar la elevación a juicio y dictar el sobreseimiento de Gómez, cuya ejecución fue apelada, no así la resolución que lo dispuso.
La causa pasó luego al Tribunal Penal Dos, que intervino como Cámara de Apelaciones y entendió que la investigación debía continuar. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción Uno, que por entonces estaba a cargo del fallecido Horacio Gallardo.
En ese contexto se dispusieron nuevas medidas y el imputado recuperó la libertad, mientras continuaba la discusión acerca de la posibilidad de elevar nuevamente el expediente a juicio.
Gómez volvió a ser detenido en 2013, con miras a la realización del debate. El juicio había sido programado inicialmente para 2018, pero finalmente fue suspendido a raíz del pedido de licencia del fiscal interviniente.
El último planteo ante la Corte Suprema
El trámite volvió a extenderse a partir de nuevos planteos de la defensa, que recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entre otros argumentos, se hizo hincapié en el sobreseimiento dictado años atrás, la prescriptibilidad de la acción penal, la existencia de arbitrariedad y una presunta afectación del derecho de defensa.
El 7 de julio de este año, la Corte Suprema rechazó uno de esos planteos, sin ingresar al análisis de fondo de la acusación.
Con esa resolución quedaron agotadas las vías recursivas que impedían avanzar hacia el debate y el Tribunal Penal Dos pudo fijar finalmente la fecha del juicio.
Así, casi 25 años después del hecho, la Justicia provincial deberá determinar en el debate oral si Gómez es responsable del homicidio que se le atribuye y, en su caso, cuál es la calificación legal que corresponde.
