El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones aprobó por unanimidad un conjunto de protocolos judiciales e interinstitucionales destinados a organizar la aplicación en la provincia del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, normativa que este sábado entró en vigencia en todo el país.
La decisión fue formalizada mediante una acordada que incorpora los instrumentos como anexos del Acuerdo 06/2026, por el cual el máximo tribunal provincial había aprobado previamente la Estrategia de Intervención para la Implementación del Nuevo Régimen Penal Juvenil.
El paquete aprobado comprende un Protocolo de Intervención Judicial e Interinstitucional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, las Pautas Mínimas de Actuación Policial y las Pautas Mínimas para el Alojamiento a cargo del Servicio Penitenciario Provincial.
Según lo informado por el STJ, los documentos fueron elaborados durante cinco meses, desde abril, mediante mesas técnicas de trabajo que abordaron las áreas de prevención, alojamiento, salud integral, educación y reintegración social.
En ese proceso participaron magistrados, fiscales, defensores y funcionarios del fuero penal juvenil, además de representantes del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, el Centro Judicial de Mediación (Cejume), organismos del Poder Ejecutivo y Legislativo provincial y organizaciones de la sociedad civil.
Aprehensión
Uno de los aspectos centrales de los protocolos es la definición de un circuito diferenciado para los casos en que un adolescente sea aprehendido.
Las pautas establecen la comunicación inmediata a la autoridad judicial, la intervención temprana de la defensa y el aviso a los progenitores o referentes del adolescente. También contemplan la asistencia médica, la separación de personas mayores de edad y mecanismos destinados a verificar de manera rápida la edad.
A su vez, se prevé la intervención del Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Adolescentes (Cemoas), con el objetivo de evitar el alojamiento de adolescentes en dependencias policiales.
Las pautas también establecen criterios para la actuación policial durante las distintas etapas de intervención, mientras que el protocolo de alojamiento fija condiciones mínimas para la custodia y el resguardo de niños, niñas y adolescentes alcanzados por medidas judiciales.
Salud, educación y reintegración
El esquema aprobado por el STJ incorpora además una intervención interdisciplinaria destinada a determinar las necesidades particulares de cada adolescente.
A partir de ese diagnóstico se prevé la derivación al organismo correspondiente y la elaboración de un plan individual de intervención, que podrá contemplar continuidad educativa, atención sanitaria, abordaje de consumos problemáticos, capacitación laboral y fortalecimiento familiar.
También se incluyen actividades deportivas y comunitarias, mecanismos de reparación del daño y herramientas vinculadas con la justicia restaurativa.
La implementación, de acuerdo con el Poder Judicial, busca establecer circuitos de comunicación, derivación, intervención y seguimiento entre las distintas instituciones que intervienen en los procesos que involucran a adolescentes en conflicto con la ley penal.
Supervisores penales juveniles
La preparación institucional incluyó además la puesta en funcionamiento de un Régimen Transitorio de Supervisores Penales Juveniles, destinado a realizar el seguimiento de las medidas dispuestas judicialmente hasta tanto quede conformada de manera definitiva la estructura especializada prevista para el nuevo régimen.
Paralelamente, se desarrolla un proceso de capacitación con especialistas en materia penal juvenil dirigido a los operadores que participaron de las mesas de trabajo.
El STJ, por otra parte, invitó al Ministerio Público y a las demás instituciones que integran la Mesa Interinstitucional a adherir a los protocolos. La adhesión permitirá formalizar los circuitos acordados dentro de las competencias correspondientes a cada organismo.
De esta manera, la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil encuentra al Poder Judicial misionero con protocolos específicos de actuación, un esquema transitorio de supervisión y un proceso de capacitación destinado a los distintos operadores que deberán intervenir en su aplicación.
Entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil: su implementación en Misiones
