Un ex empleado de la sucursal Posadas del banco Nación fue condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitado de manera perpetua para ocupar cargos públicos por extraído dinero correspondiente a fondos de desempleo enviados depositados por una empresa constructora, maniobra encuadrada como defraudación a la administración pública.
El implicado se trata de Juan Siguen Cabral (35), quien fue declarado autor del delito de “defraudación contra la administración pública agravada por su calidad de empleado o funcionario público” tras admitir su responsabilidad en el hecho y firmar un acuerdo de juicio abreviado que ahora fue transformado en sentencia por parte del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas.
Según lo reconstruido en el fallo, la causa comenzó a ser investigada el 6 de febrero de 2019 luego de una denuncia formulada por un representante legal del banco Nación por maniobras irregularidades detectadas en la administración y movimientos correspondientes a fondos de desempleo depositados por una empresa constructora.
La información recolectada consigna que dichos fondos no pudieron ser acreditados por estar cerradas las cuentas destinatarias, por lo cual el dinero quedó en cajas de reserva y transición del banco Nación a las cuales el ahora condenado tenía acceso en función de desempeñarse como jefe de área.
El arqueo efectuado dictaminó que sin ningún tipo de permiso ni autorización de esa cuenta transición se realizaron 53 extracciones por un monto total de $275.691,04.
La investigación trazada determinó que el responsable de dichas maniobras irregulares fue Cabral “siendo los importes resultantes cobrados por caja a nombre de supuestos terceros beneficiarios, tratando de aparentar que la operación se trataba del pago de fondo de desempleo a su titular”, concluye la sentencia dictada hoy por un tribunal unipersonal presidido por el magistrado Fabián Cardozo y publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).
Además de los dos años de prisión de ejecución condicional y de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, el fallo dictado también impone al imputado una serie de reglas de conducta a cumplir durante el plazo de su condena como ser: fijar residencia; someterse al cuidado de un patronato o Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal; y abstenerse de concurrir a casinos o casas de juego; entre otras.