La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó ayer la sanción definitiva de la denominada “Ley de Inteligencia” y se convirtió en la primera provincia en tener un organismo de espías propios.
El proyecto tuvo un amplio apoyo de todo el espectro político en la última sesión parlamentaria del año. Fue convertida en ley por el Senado, pero anteriormente a ello pasó por la Cámara de Diputados local donde cosechó 48 votos afirmativos y una sola abstención.
La norma de “Ley de Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito” establece las “bases jurídicas, orgánicas y funcionales que regulen la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito”.
La legislación, además, especifica que alcanzará la “producción, obtención, reunión, sistematización y análisis de la información, referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que puedan afectar la seguridad de la Provincia, sus habitantes, empresas e instituciones, para producir conocimiento destinado a orientar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad pública”.
El nuevo sistema de inteligencia funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe y estará integrado por tres áreas: la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, la Dirección Provincial de Información Patrimonial y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE).
Según detalló el portal Infobae, el área de Inteligencia Criminal deberá producir conocimiento sobre fenómenos delictivos para elaborar con ello políticas de seguridad. Por su lado, la Dirección de Información Patrimonial gestionará información sobre fenómenos económicos delictivos y de lavado de activos; mientras que la CIOPE será la encargada de diseñar información para la definición de decisiones estratégicas, algunas de las cuales deriven o no en una investigación.
La iniciativa aprobada menciona que las partidas presupuestarias “serán públicas” aunque contempla que “podrán mantener carácter reservado” los fondos que sean necesarios para las actividades de inteligencia y “cuya publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas”. Todo el marco normativo estará bajo control de la Legislatura mediante una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento, compuesta por cinco diputados y cinco senadores, en la que estarán representados los diversos sectores políticos.
Esta área cuenta con un sistema de tres clasificaciones de información: secreto, confidencial y público, que establece de mayor a menor los niveles de autorización de acceso a la información producida, la gravedad de los intereses que puede afectar, y su divulgación. Los espías pueden utilizar “herramientas extraordinarias de monitoreo y seguimiento” en el marco de sus actividades de investigación. Además, siempre dentro de un legajo, están autorizados a recurrir a “medios excepcionales de prueba como el agente encubierto, el agente revelador, la entrega controlada y los informantes”.
En sintonía con el marco normativo nacional, el sistema de inteligencia prohíbe la “obtención, producción y almacenamiento de datos de las personas por razones étnicas, religiosas, ideológicas, de género, políticas, de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, empresariales, cooperativas, asistenciales, culturales y laborales, en especial la periodística”. El personal asignado a estas tareas de inteligencia tampoco pueden realizar “tareas represivas, poseer facultades compulsivas ni cumplir funciones policiales”.
Con la aprobación en el Senado, la ley entrará en vigencia al ser publicada en el Boletín Oficial de Santa Fe. A partir de ahí, el ex ministro de Seguridad de la provincia (2015-2019) y actual gobernador, Maximiliano Pullaro, quedará en condiciones de empezar a implementarla.