El litigio iniciado por una afiliada del Instituto de Prevención Social (IPS) contra la directora de Asuntos Jurídicos Previsionales de ese organismo sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, tras la presentación de un recurso de apelación que busca revocar una falta de mérito a la instrucción por tres meses dispuesta en favor de la funcionaria acusada de abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes.
La presentación fue efectuada por el letrado Víctor Luciano Gómez, en carácter de querellante particular en representación de la afiliada damnificada, quien tramita el otorgamiento de una pensión que alega corresponderle desde 2018, tras el fallecimiento de su esposo, un ex empleado de Vialidad Provincial.
El caso tuvo su inicio en la parte administrativa, pero pasó a la cuestión penal cuando la afiliada radicó una denuncia en contra de la directora Mónica Liliana Rodríguez por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”, presentación tras la cual el fiscal Christian Antúnez en su momento requirió formalmente la apertura de una investigación penal contra la demandada.
Esa denuncia también fue articulada por el abogado Gómez, que en su escrito narró que el expediente administrativo tuvo su inicio en el 26 de septiembre de 2018 y nunca prosperó, pero además acusó a Rodríguez de manifestar a viva voz su “voluntad irrevocable” de no conceder el beneficio, amparándose en una presunta documentación apócrifa o irregular que habría sido presentada para acreditar la convivencia de la mujer con su esposo fallecido, lo cual la parte demandante niega.
Se inicio entonces una causa penal que se actualmente tramita en el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, quien incluso en abril de este año llamó a prestar declaración indagatoria a la acusada y recibió testimoniales a otros trabajadores del IPS.
Ahora, el pasado lunes, la defensa de Rodríguez pidió el “sobreseimiento total y definitivo” de la funcionaria, ante lo cual el juez Monte resolvió el dictado de una “falta de mérito a la instrucción por tres meses” alegando que “no surgen elementos que logren otorgar convicción suficiente, como para sostener con el grado de probabilidad requerido en esta etapa de instrucción”.
Respuesta
La respuesta no se hizo esperar y dos días después el letrado Gómez arremetió con un recurso apelación que busca revocar la resolución dispuesta por el juez Juan Manuel Monte.
Según planteó Gómez, “la resolución de falta de mérito causa un gravamen irreparable a los derechos de esta parte porque detiene la investigación de una conducta tipificada como abuso de autoridad (Art. 248 C.P.) y omisión/retardo de actos de oficio (Art. 249 C.P.), afectando directamente el bien jurídico tutelado de la administración pública y, secundariamente, los derechos de mi representada”.
Considera, además, que “la decisión del Juzgado resulta arbitraria, prematura y autocontradictoria, pues frustra la investigación penal antes de agotarse los medios probatorios que el propio órgano judicial considera necesarios”.
Y apunta que “la resolución ignora prueba relevante y minimiza la conducta típica imputada, la cual consiste en un retardo doloso de más de cinco años en la resolución de un pedido de pensión. Este retardo constituye un incumplimiento de la obligación de la funcionaria de ‘garantizar la pensión que satisfagan condiciones de vida básicas de un grupo vulnerable como es el de la tercera edad’, lo que agrava el perjuicio y la ilegitimidad del temperamento judicial adoptado”.