El Colegio de Abogados de Misiones informó que se sumó, junto a otras 26 entidades profesionales del país, a una acción cautelar autónoma presentada contra el Estado nacional para pedir la inconstitucionalidad de dos artículos de la recientemente promulgada Ley de Modernización Laboral 27.802, al considerar que afectan de manera directa el régimen de honorarios profesionales y la responsabilidad patrimonial de la abogacía.
La presentación fue radicada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4 y apunta específicamente contra los artículos 20 y 277 de la reforma laboral, cuya suspensión cautelar se solicita hasta que se resuelva el planteo de fondo.
Según comunicó la institución misionera, uno de los principales cuestionamientos recae sobre el nuevo esquema de pago de honorarios en procesos laborales, que habilita el fraccionamiento del cobro en cuotas. Para el sector, esa modificación vulnera el carácter alimentario del crédito profesional y traslada a los abogados el costo financiero de los litigios, al obligarlos -afirman- a convertirse en “financiadores involuntarios” de las empresas condenadas judicialmente.
El artículo 277 de la norma permite que las sentencias laborales puedan abonarse en cuotas -hasta doce en el caso de micro y pequeñas empresas- incluyendo en ese mecanismo no solo el capital del trabajador sino también los honorarios regulados judicialmente. Distintos colegios profesionales del país vienen señalando que esa previsión altera regímenes arancelarios provinciales, considerados de orden público, y afecta la sustentabilidad del ejercicio independiente de la profesión.
El otro punto objetado es la reforma del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, vinculada a la llamada “pluspetición inexcusable”. Allí se incorpora la posibilidad de extender al abogado responsabilidad solidaria en costas cuando el juez considere que existió una sobreestimación injustificada del reclamo.
Desde el Colegio misionero sostienen que esa modificación introduce un criterio de responsabilidad objetiva y arbitraria, sin sustento suficiente, que expone patrimonialmente al profesional aun cuando no sea parte material del conflicto.
La reacción no es aislada. Colegios de abogados de Córdoba, Santa Fe y Mendoza también emitieron pronunciamientos en rechazo a ambos artículos, mientras la Federación Argentina de Colegios de Abogados advirtió que la reforma podría generar un efecto de desaliento en la litigación laboral y restringir el acceso a la justicia para trabajadores.
La cautelar presentada busca que la Justicia federal suspenda la aplicación inmediata de esos artículos mientras se debate su constitucionalidad, en una discusión que ya comenzó a proyectarse como uno de los primeros frentes judiciales abiertos tras la entrada en vigencia de la reforma laboral.
