El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a penas de hasta 25 años de prisión a siete ex militares y ex gendarmes por privación ilegal de la libertad y tormentos, delitos considerados de lesa humanidad, cometidos contra más de 100 personas en la subzona militar 23 durante la última dictadura cívico-militar.
La sentencia fue dictada ayer a la mañana y quienes recibieron la mayor pena fueron Horacio Losito y Juan Carlos De Marchi, quienes se desempeñaban como oficiales de Inteligencia del Regimiento de Infantería (RI) 9.
Por su parte, el alférez de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) Raúl Reynoso y el ex oficial del comando de la Brigada VII Eduardo Cardoso recibieron 18 y 15 años prisión, respectivamente.
El fallo también impuso 12 años de cárcel para el Abelardo de la Vega, ex coronel del RI 9; 8 años para Raul Horacio Harsich, ex teniente primero en el RI 9; y 4 años para Pedro Alarcón, ex auxiliar de Inteligencia de GNA.
Por su parte, los acusados Alfredo Farmache, ex auxiliar de Personal de la Brigada VII, y Abelardo Palma, ex comandante de GNA, fueron absueltos, a pesar del pedido de prisión propuesto para ellos por la fiscalía y la querella interviniente.
De Marchi, Losito, Reynoso y Harsich tenían condenas previas por crímenes de lesa humanidad en la provincia y en otras jurisdicciones, mientras que Cardoso, de la Vega y Alarcón fueron condenados por primera vez.
El juicio abarcó los crímenes cometidos en jurisdicción de la Brigada de Infantería VII, que tenía su sede en la ciudad de Corrientes y tenía responsabilidad sobre las provincias del noreste argentino, Chaco, Formosa, Misiones y parte de Corrientes.
En la región funcionaron varios centros clandestinos de detención, uno de los más importantes estuvo en el Regimiento de Infantería 9 (RI 9) de Corrientes, dependencia militar que llevó adelante la represión en la provincia.
Este proceso fue el décimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en la provincia y el de mayor cantidad de víctimas y de acusados.
Por las demoras judiciales, pasaron casi cuatro años entre la elevación a juicio y el inicio del debate, lo que provocó que dos imputados fallecieran y otros tres fueran apartados del proceso por problemas de salud, uno de ellos, José Emilio Mechulán, ya comenzado el debate.
Según informó el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, actualmente en la Argentina se están llevando adelante más de 15 juicios orales en diferentes provincias y la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en dos de cada tres de esas causas.
Desde la vuelta de la democracia, en tanto, ya fueron condenados por la justicia casi 1200 genocidas.