Corrientes aprobó su Ley de Narcomenudo y la Justicia provincial combatirá el microtráfico

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La Cámara de Diputados de Corrientes dio sanción definitiva a la ley de “Desfederalización parcial de delitos tipificados en la Ley de Estupefacientes”, más conocida como Ley de Narcomenudeo, que otorga a la Justicia provincial la potestad de perseguir, juzgar y reprimir delitos vinculados al microtráfico de drogas.

El objetivo de la iniciativa es liberar de casos simples a los tribunales federales ante la sobrecarga que actualmente presentan para que puedan concentrarse en el narcotráfico a gran escala.

A su vez, el proyecto busca optimizar los recursos judiciales y otorgará a Corrientes una mayor autonomía para abordar la problemática y alcanzar una mejor capacidad de respuesta.

La normativa fue aprobada en la sesión 10, realizada ayer, con 22 votos a favor de los 26 legisladores presentes, y ahora debe ser remitida al Ejecutivo para su promulgación.

Estructura

La nueva legislación establece la creación dos organismos claves para su aplicación y para enfrentar la problemática.

Una de esas estructuras es la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFIN), que funcionará en el el ámbito del Ministerio Público Fiscal, que a su vez dependerá de la Fiscalía General. Esta dependencia tendrá a su cargo la persecución penal del microtráfico, el diseño de estrategias, la selección de casos y la coordinación con organismos provinciales y federales de investigación e inteligencia.

Por otro lado se creará el Consejo Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, que estará dentro del Ministerio de Seguridad de la Provincia y estará conformado por representantes de Seguridad, Policía de Corrientes, Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina. También se invitará a participar al Superior Tribunal de Justicia y a la Fiscalía General.

Además, la ley prevé un enfoque más centrado en la salud pública y menos punitivo en relación con el consumo personal de drogas, buscando una mayor “humanización del sistema penal, con énfasis en la rehabilitación y reinserción social”.

De esta manera, Corrientes se suma a Chaco, Santa Fe, Salta, Jujuy y Tucumán, como provincias que ya asumieron su competencia para investigar y sancionar esta clase de delitos.