En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei prometió que a fin de año el sistema procesal acusatorio estará implementado en todo el país y abogó por un Poder Judicial más “eficaz” y “ágil”, pero sus dichos contrastan con la realidad: el gobierno que lidera tiene 313 pliegos acumulados sin tratar y el Ministerio Público Fiscal tiene el 47% de sus puestos sin cubrir.
Los datos fueron revelados por el diario Clarín, a partir de informes elaborados por la Procuración General de la Nación, desde donde reclamaron la “necesidad imperiosa de cubrir cargos” y “mejorar los recursos económicos” para garantizar un servicio de justicia adecuado a las demandas actuales.
Entre los reclamos puntuales sobresale el pedido de agilizar designaciones en el MPF, que sobre 367 plazas previstas actualmente tiene 172 cargos vacantes a lo largo y ancho del país, lo que representa casi el 47% de los puestos sin cubrir.
Según números oficiales expuestos por el matutino porteño, hay 40 ternas elevadas al Poder Ejecutivo sin ser remitidas al Congreso hace más de un año y medio.
Lo que agrava el panorama es el que gobierno considera que está en condiciones de cerrar el 2026 con el sistema acusatorio implementado en todas las jurisdicciones del país.
En Misiones, su puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) fue programada para el 16 de marzo, pero luego fue postergada hasta el 24 de agosto ante un pedido de autoridades judiciales y representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) ante la falta de condiciones adecuadas en materia de infraestructura, recursos humanos y capacitación del personal.
El mismo contexto se vive, ni más ni menos, en Comodoro Py, donde la fecha estipulada para la implementación del nuevo código es abril.
Según explicaron, la vacancia afecta no sólo a puestos en fiscalías comunes, sino también a unidades especializadas, lo que agrava la sobrecarga de trabajo para los equipos existentes y limita la capacidad de respuesta del organismo en jurisdicciones donde ya debería operar el nuevo CPPF.
El Ministerio Público Fiscal opera con numerosas subrogancias y cargos interinos, situación que genera incertidumbre institucional. La ausencia de titulares en numerosos cargos también tiene efectos sobre la celeridad de causas de gran impacto público, desde narcocriminalidad hasta casos de corrupción compleja, donde la dirección de la investigación corre por cuenta de fiscales con amplias competencias.
En ese marco, y ante los recurrentes planteos de la Procuración General, el gobierno de Javier Milei analiza ahora avanzar en designaciones, lo que podría incluir propuestas de pliegos para el Senado, lo cual no solo forma parte de una agenda de definiciones que no sólo es técnica, sino política, pues implica consensos legislativos, negociación de perfiles profesionales y, en algunos casos, la resolución de controversias sobre criterios de idoneidad y representación en la carrera fiscal.
