El ex juez Correccional y de Menores de Posadas, César Raúl Jiménez, calificó como “un acto de barbarie” al proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil que este mismo viernes se debate en el Senado de la Nación, donde muy probablemente sea aprobada por la mayoría de los legisladores.
“Esta nueva ley es un acto de barbarie, no de civilización. Es regresiva, represiva y punitivista”, amplió Jiménez, quien fue consultado sobre el proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad, entre otras modificaciones, durante una entrevista en Radio República.
El ex magistrado cuestionó que la nueva iniciativa “equipara al niño, niña y adolescente con un adulto en un procedimiento penal y sube las penas privativas de la libertad, con lo cual ataca y viola el principio de especialidad, principio fundamental y constitucional”.
Jiménez, fue juez de menores durante 26 años en Posadas, jubilándose en septiembre de 2025, aseguró que la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei “va en contra de la convención internacional de los derechos del niño” y, en caso de aprobarse, expone a la Argentina a “futuras presentaciones ante organismos internacionales”.
En la continuidad de la entrevista radial, el ex funcionario abogó por una “justicia restaurativa” y al tiempo que argumentó que cuando “se determinó que la edad mínima sea de 16 años hubo una fórmula psicológica-jurídica, en la que se juntaron psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y trabajadores sociales que concluyeron eso. Es una conclusión científica”.
También mencionó la multicausalidad existente detrás del fenómeno de menores en conflicto con la ley, con la pobreza y las adicciones como uno de los mayores factores de incidencia, lo cual requiere políticas públicas profundas.
“Parece que siempre la responsabilidad recae en esta población juvenil, que casi siempre provienen de sectores empobrecidos. Hoy en Argentina hay 7 millones de chicos pobres, casi un 66,1% de la población juvenil. ¿Qué hacemos con esos sectores empobrecidos?”, reflexionó.
Y culminó: “La alternativa al encierro existe, pero no hay serias políticas públicas para hacerlo”.
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