La Justicia Federal frenó obras en Isla del Medio por posible daño ambiental

Isla del Medio

La Justicia Federal de Posadas ordenó la paralización inmediata de las obras que se ejecutaban en la Isla del Medio, ubicada sobre el río Paraná frente a la capital misionera, al hacer lugar a una medida cautelar presentada en el marco de un amparo ambiental impulsado por la Asociación Civil Orembaé.

La resolución fue firmada por el juez federal José Luis Casals y dispone el cese de toda intervención vinculada al relleno, refulado y movimiento de suelos en ese sector insular. El planteo judicial había sido promovido contra la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Asociación de Protectores de la Isla del Medio (Apim), señaladas como vinculadas a las tareas desarrolladas en el lugar.

Según la presentación, las intervenciones se realizaban sin contar con estudios de impacto ambiental aprobados ni con la correspondiente declaración de impacto exigida por la normativa vigente.

En la demanda, la organización ambientalista sostuvo que las obras incluían descarga de arena, remoción de sedimentos y colocación de materiales como neumáticos fuera de uso y geotextiles sobre la costa, advirtiendo posibles efectos contaminantes sobre el ecosistema fluvial, en particular por el riesgo de liberación de microplásticos y otras sustancias tóxicas en el agua.

Antes de acudir a la vía judicial, Orembaé había formulado pedidos de acceso a la información pública ambiental ante organismos provinciales y nacionales. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, las respuestas oficiales confirmaron que no existían registros de evaluaciones ambientales ni autorizaciones formales vinculadas al proyecto.

Al analizar el caso, el magistrado entendió que correspondía aplicar el principio precautorio previsto en la legislación ambiental, criterio que habilita la adopción de medidas preventivas ante la posibilidad de daño grave o irreversible aun cuando no exista certeza científica absoluta. En ese marco, dispuso mantener el estado actual del lugar hasta tanto se determine la legalidad de las obras y su eventual impacto sobre el río Paraná.

La resolución también ordena que la Prefectura Naval Argentina (PNA) supervise el cumplimiento efectivo de la medida cautelar, impidiendo nuevas intervenciones en la isla mientras avance el trámite principal del amparo.

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