Con la cuenta regresiva en marcha hacia el 5 de septiembre, fecha en la que entrará en vigencia la Ley 27.801, el Poder Judicial de Misiones inició este martes una serie de reuniones institucionales destinadas a preparar la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, un cambio normativo que modificará de manera sustancial el tratamiento judicial de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.
La primera mesa de trabajo se realizó en el edificio de Tribunales de Posadas y fue encabezada por el ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Juan Manuel Díaz, en su carácter de enlace con el fuero penal, acompañado por sus pares Roberto Rubén Uset y Valeria Fiore Cáceres.
Del encuentro participaron jueces, fiscales, defensores, asesores tutelares y equipos técnicos vinculados al sistema penal, convocados para comenzar a delinear una estrategia de implementación progresiva del nuevo marco legal.
Según explicó Díaz, el plazo hasta septiembre será utilizado para organizar las adaptaciones institucionales que requerirá el Poder Judicial provincial ante una reforma que deja atrás el esquema inquisitivo y tutelar vigente hasta ahora para avanzar hacia un sistema acusatorio con eje en las garantías procesales.
“El objetivo es avanzar en el proceso de implementación del nuevo régimen penal juvenil, en el marco de la Ley 27.801, que entrará en vigencia a partir del 5 de septiembre. Este plazo nos brinda un margen necesario para planificar, organizar y proponer las adaptaciones institucionales que el Poder Judicial deberá encarar”, sostuvo el magistrado.
Cambio de paradigma judicial
El nuevo régimen introduce modificaciones de fondo en la justicia penal juvenil: incorpora principios de legalidad, razonabilidad, excepcionalidad de la privación de libertad y derecho de defensa desde el inicio del proceso, además de reforzar la perspectiva de resocialización como objetivo central de las intervenciones judiciales.
Desde el Poder Judicial remarcaron que uno de los principales desafíos será atender la ampliación del universo de personas alcanzadas por el nuevo sistema, lo que exigirá mayor articulación entre organismos judiciales, áreas técnicas y dispositivos estatales vinculados a salud, educación y contención social.
En ese marco, Díaz advirtió que las particularidades de la ley demandan una mirada más especializada y sostenida sobre adolescentes en conflicto con la ley penal.
Cinco etapas hasta septiembre
La estrategia diseñada por el Poder Judicial prevé cinco fases de trabajo antes de la entrada en vigencia de la norma.
La primera etapa, ya iniciada, se centra en la escucha activa y la convocatoria a una mesa interinstitucional. Luego se avanzará en un diagnóstico integral mediante mesas técnicas temáticas para relevar recursos disponibles e identificar brechas operativas.
En una tercera instancia se elaborará un protocolo integral de actuación, con circuitos mínimos de intervención y definición de responsables funcionales. Ese documento será posteriormente validado entre los distintos organismos participantes.
La etapa final incluirá capacitaciones, simulaciones de circuitos de actuación, instructivos internos y ajustes operativos, con monitoreo durante los primeros 90 días de aplicación del nuevo sistema.
Figura del supervisor y fortalecimiento técnico
Uno de los ejes centrales del nuevo modelo será la incorporación de la figura del supervisor, pensada como actor clave en el acompañamiento de los jóvenes durante el proceso judicial y en su reintegración social.
También se prevé fortalecer equipos técnicos especializados y consolidar redes de trabajo permanentes entre organismos judiciales y otras instituciones públicas.
Desde el STJ sostienen que la implementación no podrá resolverse únicamente desde el ámbito judicial, sino que requerirá una construcción articulada entre todos los actores involucrados.
Con ese horizonte, el nuevo régimen penal juvenil comenzará a tomar forma en Misiones antes de septiembre, en un escenario que obligará a rediseñar prácticas, funciones y dispositivos dentro del sistema judicial provincial.
Carlos Giménez y la baja de imputabilidad: “La reforma debería priorizar la reeducación”
