El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas impuso penas de entre 6 y 3 años de prisión para los cuatro aduaneros que llegaron a instancia de juicio oral acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.
El mayor monto de pena recayó sobre Bernardino Castor Esquivel, quien fue declarado miembro de asociación ilícita y coautor de cohecho en concurso ideal. Por lo mismos delitos fue condenado Francisco Antonio Llorente, aunque en su contra recibió 5 años de prisión, al igual que Orlando Ariel “Kiwi” Alfonso, con la diferencia que a este último también se le endilgó un hecho contrabando de importación agravado.
Por último, René Lorenzo Juárez, tuvo una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional al ser declarado penalmente responsable de asociación ilícita y cohecho.
El fallo fue dictado por los magistrados Enrique Bosch, Manuel Alberto Jesús Moreira y Gustavo Cardozo, quienes también dictaminaron que los condenados deberán reponer el daño económico ocasionado al Estado con un monto que será calculado por ARCA-Aduana.
Del juicio también fueron parte la fiscal federal Vivian Barbosa y como querellantes particulares en representación de Arca actuó la letrada Rossana Sienra.
Inicio
La investigación del caso tuvo su génesis el 24 de agosto de 2016, tras una denuncia radicada por el Administrador de la Aduana en aquel entonces, quien había advertido una serie de situaciones extrañas en la zona primaria aduanera, por ejemplo, vehículos paraguayos que ante su presencia abandonan el ingreso al país y retornaban hacia Encarnación.
Esa denuncia, a su vez, se conectó con un expediente abierto dos meses antes en la Justicia Federal tras el secuestro de cuatro vehículos abarrotados con cigarrillo y otros productos extranjeros que habían logrado cruzar la frontera, pero cayeron en controles de la Prefectura Naval Argentina (PNA).
Lo que se hizo entonces, fue identificar cada uno de los vehículos con sus respectivas patentes y revisar las cámaras de seguridad del puente internacional para determinar en qué días y horarios traspusieron el viaducto, para así delimitar al personal aduanero que pudiera estar involucrado en la maniobra.
Fueron once agentes los que quedaron bajo la lupa inicialmente. Sus comunicaciones fueron interceptadas mediante orden judicial y gracias a eso la lista de sospechosos se redujo a los cuatro hombres que enfrentaron el juicio oral que arrancó el pasado 6 de mayo y culminó el 27 de agosto, tras la declaración un gran número de testigos y hasta una inspección ocular realizada en el viaducto que une Posadas con Encarnación.
Escuchas
Una de las primeras escuchas incorporadas como prueba data del 28 de octubre de 2016 e involucra a Orlando Alfonso, más conocido como Kiwi. Entre las comunicaciones de ese día surge un llamado que recibió de parte de un abonado paraguayo, donde le preguntan “¿Hoy vamos a jugar un partidito?” y él responde: “Hoy no, porque estoy en salida yo”.
Ese diálogo fue tan solo el puntapié inicial para que todo el esquema de corrupción que había permitido el ingreso de mercadería de contrabando al país durante un año entero volara por los aires más tarde.
Los investigadores indagaron después en los chats de los sospechosos, descubriendo conversaciones mantenidas con múltiples ciudadanos paraguayos dedicados al cruce de productos extranjeros, diálogos que se efectuaban en léxico futbolístico como clave, donde los paseros eran los “jugadores”, los aduaneros eran los “DT” y los carriles eran las “canchas”.
Kiwi Alfonso es uno de los “DT” que aparece dando una mayor cantidad de indicaciones a sus jugadores, como así también era el blanco de la mayoría de las consultas. En una de las conversaciones que le atribuyen avisa “mañana juegan en la cancha 3” y pide que “lleven la tricota”, lo que para los fiscales de instrucción estos códigos podían ser el carril 3 donde él estaba y los $300 o $3.000 que costaba el “pase”.
De los diálogos también se apuntan hechos de coimas a integrantes de fuerzas de federales, ocultamiento de mercadería en depósitos más tarde allanados en cercanías a la Placita del Puente y algunas maniobras que se frustraron, ya sea por desinteligencias o por revisiones para disimular, entre otras revelaciones.
Después de recabar información durante un año entero, la jueza María Verónica Skanata dio la orden y el 10 de octubre de 2017 la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutó el operativo que desarticuló el ardid, con la detención de los aduaneros y el allanamiento de varios inmuebles.