La Justicia de Corrientes aplicó la suspensión del juicio a prueba en una causa donde cinco productores agropecuarios estaban imputados por extraer agua de río sin autorización para regar una arrocera y dispuso que los implicados realicen tareas comunitarias durante un año en una reserva natural de la provincial.
La resolución fue dictada por María Eugenia Ballará, jueza de Garantías sustituta de Mercedes, quien intervino en una causa iniciada contra cinco productores que fueron acusados de colocar bombas para extraer agua del río Corrientes sin autorización y así regar una arrocera ubicada dentro del establecimiento rural La Julia.
Según consignaron desde la web oficial del Poder Judicial de Corrientes, la audiencia de suspensión de juicio a prueba se llevó adelante en las últimas horas, instancia en la cual los imputados ofrecieron un acuerdo alcanzado con el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA).
Allí se acordó que los acusados se harían cargo de la reparación de los gastos erogados por ICAA en la inspección realizada en el lugar y en la misma audiencia los productores aceptaron realizar tareas comunitarias por el lapso de un año en la Reserva Natural del Iberá, Portal Sur, Sección Capita Miní, además de cancelar una sanción administrativa para poder realizar las labores de siembra en 2024.
En la resolución del caso intervinieron el fiscal Gerardo Humberto Cabral; el abogado defensor José Roberto Gauna; y el representante de ICAA Marío Antonio Salvia, asistido por Marcelo Ponce de León.