Con el desafío de enfrentar delitos cada vez más complejos y transnacionales, magistrados y especialistas de Argentina, Brasil y Paraguay se reunieron el 6 y 7 de noviembre de 2025 en el Primer Encuentro Regional de Jueces de Frontera, una iniciativa inédita que busca construir, desde la propia experiencia territorial, una “justicia sin fronteras”. El evento, realizado en Puerto Iguazú, sentó las bases de una futura integración regional que permita acelerar la cooperación judicial, armonizar normativas y reforzar la lucha contra el crimen organizado.
Durante dos intensas jornadas, jueces, fuerzas de seguridad, autoridades migratorias, expertos en cooperación internacional y organismos aduaneros expusieron las dificultades que enfrentan a diario en uno de los territorios más dinámicos —y al mismo tiempo más vulnerables— de Sudamérica: la Triple Frontera.
Un ecosistema complejo y compartido
La bienvenida estuvo a cargo de los organizadores Alejandro Gallandat (Juez Federal de Oberá), Fabián Cardozo (juez del Tribunal Oral Federal de Posadas), María Verónica Skanata (Jueza Federal de Posadas) y Claudio Fede (Juez de Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de San Martín), quienes agradecieron la asistencia de sus colegas y explicaron los fundamentos del encuentro.
La apertura estuvo marcada por los mensajes de los representantes judiciales de Paraguay y Brasil, quienes coincidieron en una idea central: la criminalidad no reconoce límites geográficos. “Las fronteras existen para los trámites formales, pero no para las organizaciones ilícitas”, expresó el brasileño Cristiano Villalba Flores, presidente de la Asociación de Jueces de Rio Grande do Sul (Ajuris), sintetizando el espíritu del encuentro. Desde Paraguay, Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP) llamó a reforzar la cooperación para enfrentar mafias transnacionales que aprovechan las divisiones estatales.
Los expositores de los tres países ofrecieron una radiografía de sus sistemas de justicia, destacando avances y obstáculos. Entre ellos, se repitió un problema común: la lentitud de los canales formales de cooperación, que en algunos casos pueden tardar más de un año. Frente a ello, jueces y autoridades remarcaron la necesidad de habilitar mecanismos ágiles que permitan sostener investigaciones en tiempo real, sin vulnerar la legalidad ni la soberanía.
Capítulo Argentina
En ese marco, Gallandat expuso sobre el funcionamiento del sistema judicial del país, que está caracterizado —al igual que el brasileño— por una doble estructura: la Justicia Federal, que interviene en cuestiones de interés nacional e internacional, y la Justicia Provincial, encargada de delitos comunes y conflictos entre particulares.
En materia penal, el juez remarcó que Argentina transita una profunda transformación procesal: del sistema mixto —donde los jueces aún investigan— hacia el nuevo Código Procesal Penal Federal, de tipo acusatorio. Con su implementación, los jueces federales pasarán a actuar como jueces de garantías, controlando la legalidad de los procesos mientras la investigación quedará en manos exclusivas del Ministerio Público Fiscal.
Gallandat también alertó sobre los desafíos estructurales que enfrenta la Justicia federal: La fragilidad de la independencia judicial, afectada por ataques políticos y la falta de autonomía presupuestaria; la crítica cantidad de vacantes, que supera el 33% en juzgados, fiscalías y defensorías; el crecimiento exponencial de la litigiosidad, producto de la judicialización de conflictos sociales y políticos; la necesidad de avanzar en la modernización tecnológica, incluyendo digitalización e inteligencia artificial; y las dificultades para investigar y recuperar bienes en casos de criminalidad compleja y delitos transnacionales.
Un mapa regional de amenazas
El análisis de los delitos transnacionales dominó buena parte del debate. Tráfico de drogas, contrabando, financiamiento ilícito, trata de personas, tráfico de fauna y delitos ambientales marcaron el eje de las presentaciones. En este contexto, la exposición del juez federal de Formosa Pablo Morán introdujo un tema creciente en la agenda regional: la explotación ilegal de los recursos naturales.
Morán recordó que el tráfico de fauna es hoy el cuarto delito más lucrativo del mundo y detalló el caso emblemático de la condena por la caza de yaguaretés, subrayando la relación directa entre seguridad fronteriza, diversidad biológica y desarrollo sustentable.
La agenda se amplió hacia problemáticas de nuevo alcance con la intervención del comandante Maximiliano Báez, representante de Ameripol, quien presentó el acelerado crecimiento del cibercrimen organizado. Solo en 2025, detalló, se abrieron quince operaciones regionales coordinadas, un salto significativo frente a los años previos.
Cooperación operativa: la fuerza del Comando Tripartito
Uno de los momentos más valorados del encuentro fue la presentación del Comando Tripartito de la Triple Frontera, una estructura policial creada en 1996 y renovada en 2025 para habilitar investigaciones conjuntas entre las fuerzas de los tres países. Su herramienta más potente son los canales urgentes, que permiten obtener información en cuestión de horas a través de líneas directas y comunicaciones encriptadas. Se trata de un contraste notable frente a los mecanismos burocráticos tradicionales, que pueden tomar meses.
Jueces y fuerzas coincidieron en que el Comando Tripartito representa un modelo a expandir, no solo para la frontera Iguazú–Ciudad del Este–Foz do Iguaçu, sino para otras zonas estratégicas como la Hidrovía Paraná–Paraguay.
Migración, extradición y extrañamiento
Otro foco crítico fue el tratamiento de personas extranjeras en conflicto con la ley. Javier Rea, director de Extranjeros Judicializados de Migraciones Argentina, explicó los cambios recientes en la legislación migratoria, especialmente en torno al extrañamiento, una figura que permite la expulsión como forma de extinción de la pena. Rea recomendó que los jueces comuniquen siempre a Migraciones el inicio de un trámite de extradición, para evitar que un eventual fracaso del pedido deje al imputado en libertad dentro del país.
Hacia una Agenda Regional Permanente
El cierre del encuentro estuvo marcado por tres compromisos concretos:
- Crear un grupo de referentes de cada país para continuar la coordinación técnica y jurídica.
- Mantener un canal de comunicación permanente mediante un grupo de trabajo informal.
- Celebrar el segundo encuentro regional en 2026, en Ciudad del Este, lo que marca la vocación de continuidad de la iniciativa.
Además, se planteó la necesidad de avanzar hacia una asociación regional de jueces de frontera, un organismo que permita estructurar esfuerzos, obtener financiamiento internacional y generar capacitación especializada.
Un punto de partida
El Primer Encuentro Regional de Jueces de Frontera dejó en evidencia un diagnóstico compartido: la lucha contra el delito transnacional requiere coordinación, rapidez y confianza entre instituciones. Mientras el crimen aprovecha las grietas y los tiempos muertos, los Estados buscan construir herramientas que trasciendan sus límites formales. Puerto Iguazú fue, así, el punto de partida de una red de cooperación que promete consolidarse en los próximos años.
