El Senado de la provincia de San Luis otorgó el martes pasado media sanción a un proyecto de ley que reduce la feria judicial de 45 a 23 días anuales.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, busca modificar el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia y redefinir la feria judicial, acotándola a 15 días en enero y una semana en julio, en lugar de los tradicionales 30 días en verano y 15 en invierno.
Durante estos lapsos reducidos, solo se atenderán asuntos urgentes, como medidas cautelares o procesos penales en curso, mientras que los plazos procesales continuarán corriendo en el resto del año.
La norma entraría en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2026, permitiendo un período de adaptación para el Poder Judicial, abogados y funcionarios.
El senador Martín Olivero, miembro informante del proyecto, defendió la medida como una respuesta directa a las demandas ciudadanas por una justicia más expedita. “La reducción de la feria es una herramienta más en esa misma dirección”, afirmó Olivero durante el debate en la Cámara alta, donde la propuesta fue aprobada por mayoría.
Según el legislador, la iniciativa no vulnera los derechos de descanso del personal judicial, sino que reorganiza el esquema para priorizar la continuidad en la atención sin comprometer la calidad de vida de los trabajadores de los tribunales.
El gobernador Poggi, quien inicialmente abogaba por la eliminación total de la feria, celebró el avance como un “punto de encuentro” tras diálogos con colegios de abogados, magistrados y gremios.
“Ya recuperamos para los procesos judiciales 22 días de los 45. Mi intención era el 100%, pero son 22 días ahora”, declaró Poggi el miércoles siguiente, enfatizando que la feria –de 45 días al año– no equivale a vacaciones obligatorias, sino a interrupciones que acumulan casos pendientes y sobrecargan el sistema.
Rechazos
La iniciativa no estuvo exenta de controversia. El Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis emitió un comunicado rechazando la eliminación total, al considerar que la feria histórica cumple un rol “ordenador” para la programación de actividades profesionales independientes.
“No aborda el verdadero problema que aqueja a nuestra justicia”, advirtieron los letrados, instando a un análisis exhaustivo y consensuado con todos los actores involucrados. Tras este rechazo generalizado, el Gobierno optó por la reducción como un compromiso, tras reuniones con representantes forenses y judiciales.
El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde se espera su tratamiento definitivo en las próximas sesiones. Si se aprueba, San Luis se posicionaría como una de las provincias más innovadoras en materia de eficiencia judicial, alineándose con tendencias regionales que priorizan la continuidad del servicio público.
