Si bien es una cifra que fluctúa permanentemente por una diversidad de factores, en Misiones se estima hay un número aproximado de 2.400 personas privadas de su libertad, repartidas entre unidades penales y dependencias policiales. De ese universo bajo análisis, surge que el principal reclamo de los detenidos dejaron de ser los malos tratos recibidos, sino la falta de certezas o previsibilidad en cuanto a sus situaciones procesales por parte de la Justicia.
A esa conclusión arriba la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones (CPPTM), organismo creado en 2016 por la Legislatura provincial y que se encarga de controlar y monitorear los lugares de detención y la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad.
“Cuando nosotros comenzamos a trabajar, de cada diez entrevistados (detenidos), entre ocho y nueve se quejaban de cuestiones de maltrato, tanto físico o psicológico, por la comida en mal estado o por la falta de atención médica. Hoy en día esa ecuación está completamente revertida”, introdujo el abogado Eduardo Magno Scherer, presidente de la CPPTM, en una entrevista concedida a Será Justicia.
Y amplió: “Hoy, en cambio, de cada diez entrevistados, son entre ocho y nueve los que hacen menciones a cuestiones de índole procesal, falta de respuestas o falta de información de parte del juzgado sobre sus causas, falta de contacto con los defensores o los excesivos tiempos de detención que llevan. Hoy esa es el principal reclamo que realizan”.
Según un informe publicado recientemente por la CPPTM, basado en datos proporcionados por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y corroborados por la comisión in situ, hasta mayo eran 722 las personas detenidas con prisión preventiva distribuidas en las ocho cárceles de Misiones.
De ese total, 132 se encontraban a disposición del Tribunal Penal Uno de Oberá; 113 corresponden a causas bajo la órbita del Tribunal Penal Dos de Posadas; y 80 dependen del Tribunal Penal Uno de Posadas.
Esta problemática luego repercute en el día a día de los internos y se transforma en el principal reclamo.
“Darle previsibilidad a los detenidos es lo que muchos plantean. Yo no encuentro que el reclamo del detenido sea directamente relacionado a que se revierta todo y que puedan estar en libertad, sino que lo que buscan es esa previsibilidad o certeza”, sostuvo Scherer.
Y detalló que “el que está condenado tiene esa previsibilidad, tiene la aplicación de un régimen de ejecución penal, tienen un régimen de progresividad de la pena, tiene un tratamiento penitenciario, sabe cuándo va a tener la transitoria. Es decir, tiene un panorama”
En esa línea, profundizó en su tesis e indicó que “eso no ocurre en las dos terceras partes de la población que se encuentra en un limbo y como no tienen certeza de nada comienzan a aparecer problemas. No acceden al estudio, ni al oficio, por ejemplo, porque para qué lo harían si tienen la esperanza de salir mañana, pero ese ‘mañana salgo’ cada vez es más prolongado, lo que después se traduce en mayores conflictos”.
La demora en la resolución o en la atención de las causas también repercute en los detenidos en comisarías (cerca de 700) lo que, a su vez, genera un efecto dominó negativo.
“Tenemos personas que están hace años en comisarías, alojados en espacios reducidos y con una cantidad de importante de personas a su lado. Eso trae inconvenientes de todo tipo, por ejemplo, en la estructura, ya que tienen un solo sanitario. Eso deriva en el colapso de cañerías, de pozos ciegos, los tanques de agua ya no alcanzan y tenemos un policía desbordado, ocupándose de cuidar a los detenidos y no al vecino”.
Balances y logros
La CPPTM actualmente cuenta con seis comisionados que diariamente realizan visitas a los diferentes lugares de encierro que conforman su campo de trabajo, entre ellas, claro, las unidades penales, y en todas ellas realizan entrevistas con los internos, las cuales se dan de manera reservada y son de carácter confidencial.
En ese marco, trabajan sobre un campo de acción que alcanza un aproximado de 3.000 personas, ya que no sólo monitorean cárceles y comisarías, sino también abarcan ocho institutos de salud mental, 24 hogares de niños, niñas y adolescentes, y más de 60 residencias de adultos mayores.
Desde su creación hasta la actualidad, la comisión realizó 1.486 visitas, desarrolló 1.195 informes y presentó 73 denuncias penales, además de 427 presentaciones judiciales.
Como ejemplo de la repercusión del trabajo realizado, Scherer destacó lo sucedido con la Unidad Regional II de la Policía, que abarca Oberá y localidades aledañas, que en 2021 acumulaba el 50% de las denuncias por malostratos efectuados en toda la provincia, en tanto que en 2022 la cifra bajó a 10 y hasta agosto de este año el número arrojaba 3.
El presidente de Prevención de la Tortura también valorizó la labor realizada respecto al número de internos federales alojados en comisarías. “En su momento eran 140 y se ha logrado bajar a 100 y ahora a 40. Fue un relevamiento nuestro y después obviamente el trabajo se culminó gracias a las gestiones realizadas por los miembros del Tribunal Federal y otras autoridades”, puntualizó.
Todos los informes realizados por la comisión son publicados en el Boletín Oficial de la provincia y pueden ser consultados en su web oficial: http://www.cpptmisiones.gob.ar/index.php/informes
Otro punto positivo
En otro tramo de la entrevista, Scherer también destacó la presencia de muchos más organismos vinculados trabajando en lugares de encierro, lo cual ayuda a la prevención, objetivo principal de la comisión.
“Nosotros tenemos un promedio mensual de entre 30 y 40 visitas. La prevención la hacemos con la presencia de funcionarios en estos espacios, verificando las condiciones, pero hoy en día la presencia de otras instituciones como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deportes, entre otras, u organizaciones civiles que realizan actividades dentro de los penales”, valoró el funcionario.
Y, a modo de cierre, el titular de la Comisión de Prevención de la Tortura amplió que “esto le quita ese manto de impunidad de que los únicos que saben lo que sucede ahí adentro son los encargados de seguridad y los detenidos. Al ingresar otras instituciones cada vez más gente conoce desde adentro estos lugares y se empieza a charlar más sobre el tema”.