Con un acto fundacional realizado el 5 de diciembre en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), quedó formalmente constituida la Red de Juezas y Jueces Penales de la Argentina, un espacio destinado a “promover una reflexión profunda sobre el papel que debe asumir hoy el poder judicial”.
El encuentro reunió a más de un centenar de magistrados penales de todo el país, quienes sellaron el nacimiento de un espacio que se define como “abierto, federal y sin ataduras corporativas”, con el objetivo explícito de romper el aislamiento histórico de la judicatura penal y colocar al Poder Judicial en el centro del debate público sobre justicia, derechos y democracia.
Los impulsores de la red coincidieron en que “la labor judicial no puede desarrollarse en soledad”, al tiempo que señalaron que “es necesario quebrar el mutismo que contrasta con la sociedad que nos rodea y generar, desde un trabajo colectivo, un diálogo permanente con la comunidad jurídica, con la ciudadanía y con los desafíos que impone nuestro tiempo para afianzar el sentido de la función jurisdiccional”.
También advirtieron que “la preocupación compartida que los convoca es la dificultad de ejercer plenamente la potestad jurisdiccional -ya sea por falta de recursos, por presiones externas o por condicionamientos que adoptan formas diversas en cada región del país-, junto a una convicción común: no quedarse en el diagnóstico”.
La apertura del acto estuvo a cargo del jurista español Perfecto Andrés Ibáñez, de la Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez y del profesor Maximiliano Rusconi, doctor en Derecho Penal y catedrático de derecho penal de la UBA.
Luego expusieron juezas y jueces de distintas provincias, entre ellos la magistrada misionera Viviana Cukla, integrante del Tribunal Penal Uno de Posadas, quienes abordaron diversos aspectos de la independencia judicial en sus dimensiones funcional, orgánica y procesal. El cierre, en tanto, estuvo a cargo del camarista de San Isidro, profesor y doctor en derecho penal por la UBA Leonardo G. Pitlvenik.
Cinco ejes del documento fundacional de la Red
- Compromiso de quienes la integran en la tarea diaria de construir un país más justo mediante un poder judicial cercano a las personas, atento a las realidades sociales y consciente de la responsabilidad que implica decidir sobre bienes jurídicos fundamentales, víctimas que demandan justicia y personas detenidas en contextos de colapso carcelario.
- Deber de aplicar la formación profesional y dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para gestionar los conflictos penales conforme las legislaciones procesales y las constituciones que cada magistrada y magistrado juró respetar. Ello implica consolidar prácticas ajustadas al marco convencional y promover un modelo de enjuiciamiento que garantice la desconcentración de funciones y un control judicial suficiente y efectivo sobre los actos que puedan afectar derechos fundamentales.
- Defensa de la independencia judicial como garantía de todas las personas y afirmación de la debida fundamentación de las decisiones como presupuesto de un Estado constitucional de derecho.
- Rechazo a toda política que busque debilitar la función activa del Poder Judicial en su deber de ejercer el control de legalidad sobre las investigaciones policiales y del Ministerio Público Fiscal, así como a cualquier intento de condicionamiento mediante dependencia económica, pauperización institucional o mecanismos de designación subordinados a intereses partidarios.
- Necesidad de un poder judicial fortalecido, con jueces y juezas penalistas profesionalizados, en formación continua y con los recursos indispensables para cumplir adecuadamente su rol institucional.
