El Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá dio a conocer su Memoria Anual de Gestión 2025, el séptimo informe institucional consecutivo desde 2019, en el que expone indicadores de productividad, calidad del servicio de justicia, capacitación interna y vinculación con la comunidad. El documento se consolida como una herramienta de transparencia y rendición de cuentas, con mediciones comparativas respecto de años anteriores y metas alineadas con las normas ISO 9001:2015.
A cargo del juez federal Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, el organismo, de competencia universal en materia civil y penal y con jurisdicción sobre el 43% del territorio misionero, funciona con una dotación de 45 agentes y atiende a una población superior a las 479.000 personas.
El informe define a 2025 como un período de “consolidación y ajuste” de las líneas de gestión, aunque condicionado por factores externos. Entre ellos, los 21 días de paro judicial y la reorganización territorial derivada de la puesta en marcha del Juzgado Federal de Iguazú, que redujo la carga de Eldorado pero dejó a Oberá con la jurisdicción más extensa y poblada, situación para la cual se tramita un pedido de rediseño de competencias.
En paralelo, el tribunal avanzó en la incorporación de inteligencia artificial y automatización de despachos, con herramientas destinadas a unificar criterios jurisprudenciales y agilizar la redacción de resoluciones bajo supervisión humana.
El área civil mostró el dato más significativo del año: Los expedientes ingresados se duplicaron (de 747 en 2024 a 1.489 en 2025) y se dictaron 1.438 sentencias y resoluciones, frente a 776 del período anterior.
El aumento se explica principalmente por la reactivación de las ejecuciones fiscales, que representan el 76% del total de causas civiles. También crecieron los amparos y los procesos ordinarios.
En materia penal, el ingreso de causas se mantuvo en niveles similares a los años previos (704 en 2025), con predominio nuevamente de los delitos vinculados a estupefacientes por sobre el contrabando.
Entre los datos destacados: Mínimo histórico de personas detenidas desde la creación del juzgado (32); leve descenso en la cantidad total de resoluciones, aunque con mejor tasa de respuesta en relación con los ingresos; fuerte incremento de las reparaciones integrales y suspensiones de juicio a prueba, que permitieron cerrar procesos y generar ingresos para los organismos recaudadores por $274 millones, más del doble que en 2024.
La gestión también estuvo orientada a la implementación del Código Procesal Penal Federal, prevista para agosto de 2026 en Misiones, lo que implica un cambio de paradigma en la investigación y resolución de los casos.
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