Hay cifras que no sólo describen una realidad, sino que la interpelan. En Misiones, 850 personas integran actualmente el Registro Público de Alimentantes Morosos, una nómina oficial que reúne a quienes incumplen con el pago de las cuotas alimentarias fijadas por la Justicia.
El listado, creado por la Ley IV N° 31, fue actualizado y publicado en el suplemento del Boletín Oficial el pasado 13 de enero, y confirma una tendencia que se profundiza año tras año.
El crecimiento es elocuente. En 2020, el registro apenas superaba los 150 inscriptos. Cinco años después, la cifra se multiplicó y dejó al descubierto un fenómeno persistente, que atraviesa a toda la provincia pero que se concentra con mayor fuerza en Posadas y Garupá, localidades que integran la primera circunscripción judicial y que reúnen la mayor cantidad de casos.
Lejos de responder exclusivamente a una crisis económica, el perfil de los morosos revela una realidad más compleja. Al igual que ocurre en otras provincias de la región y en distintos puntos del país, la mayoría de las personas incluidas en el registro cuenta con empleo formal. Los desempleados, en cambio, constituyen el grupo menos numeroso. El dato rompe con ciertos prejuicios y desplaza el foco del problema: la falta de pago no suele estar asociada a la imposibilidad material, sino a conflictos no resueltos entre las partes.
En ese entramado, las disputas de pareja, las separaciones traumáticas y los litigios prolongados aparecen como el principal obstáculo para el cumplimiento de una obligación que la ley considera prioritaria.
En Misiones, estos casos son abordados por los Juzgados de Familia, que llevan adelante los procesos judiciales y definen tanto la incorporación como la exclusión de personas del Registro Público de Alimentantes Morosos, de acuerdo con el cumplimiento efectivo de las sentencias.
La inclusión en el listado no es un dato menor. Las consecuencias se traducen en una serie de restricciones que atraviesan distintos aspectos de la vida cotidiana: desde la imposibilidad de renovar el carnet de conducir hasta impedimentos para acceder a habilitaciones comerciales, inscribirse como proveedor del Estado, ser adjudicatario de viviendas sociales o salir del país. Las sanciones funcionan como un cerco administrativo que busca forzar el cumplimiento de la deuda.
Algunos municipios fueron incluso más allá. En Eldorado, una ordenanza reciente estableció que las personas con deudas alimentarias no podrán ingresar a eventos sociales y/o espectáculos, sumando una nueva herramienta de presión en un terreno donde el incumplimiento suele prolongarse en el tiempo.
Sin embargo, desde el ámbito judicial y estatal subrayan que el espíritu de estas medidas no es castigar por castigar. El objetivo último es otro: garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, que son quienes padecen de manera directa las consecuencias del incumplimiento. Detrás de cada nombre del registro hay una historia familiar atravesada por la conflictividad, pero también una obligación legal y moral que el Estado busca hacer cumplir.
El Índice Crianza y un caso testigo de su aplicación en Misiones
