La Legislatura de Tucumán avanza en el tratamiento de un proyecto de ley que habilitaría a jueces provinciales a ordenar la eliminación, bloqueo o desindexación de publicaciones en diarios digitales y redes sociales para contenidos considerados calumniosos o injuriantes.
La iniciativa propone incorporar una “Medida Cautelar Digital Urgentísima” y fue presentada por el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasee, con el acompañamiento de otros integrantes del bloque gobernante. El proyecto ya obtuvo dictamen favorable en comisión y quedó en condiciones de ser debatida en el recinto provincial.
Según el texto impulsado por el oficialismo, cualquier persona que considere vulnerados su honor, imagen o reputación por una publicación en redes sociales, portales digitales o sitios web podría acudir a la Justicia para solicitar una intervención inmediata.
En ese caso, el magistrado interviniente debería evaluar el planteo y resolver en un lapso no mayor a seis horas. Si entiende que existe una afectación manifiesta, podría disponer la remoción del contenido, la preservación de pruebas para eventuales acciones posteriores y hasta la prohibición futuras publicaciones sobre el mismo tema.
El argumento oficial
Entre los fundamentos del proyecto se sostiene que la velocidad de propagación de los contenidos digitales volvió insuficientes los mecanismos judiciales tradicionales. Los impulsores consideran que una respuesta tardía puede tornar irreversible el daño reputacional ocasionado por publicaciones falsas o difamatorias que se viralizan en cuestión de minutos.
Para evitar cuestionamientos por censura previa, la iniciativa incorpora una cláusula que ordena rechazar el pedido cuando exista alguna duda respecto de si el contenido cuestionado constituye una opinión, una crítica o información de interés público. Además, excluye expresamente a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y organismos descentralizados de la posibilidad de utilizar esta herramienta judicial.
El avance legislativo
La iniciativa obtuvo dictamen favorable en mayo y podría ser tratada en las próximas sesiones de la Legislatura tucumana. De convertirse en ley, Tucumán sería una de las primeras provincias del país en establecer un mecanismo procesal específico para la remoción urgente de contenidos digitales por presuntas calumnias o injurias.
La propuesta ya genera interrogantes en el ámbito jurídico por el delicado equilibrio que plantea entre derechos fundamentales. Por un lado, busca brindar una tutela rápida frente a posibles afectaciones al honor y la reputación. Por otro, podría enfrentar objeciones vinculadas a la libertad de expresión, el derecho a la información y la prohibición de censura previa reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
